Ana Lilia Ramírez
TIJUANA.— El negocio de la muerte también tendría intermediarios. Por primera vez, una decena de funerarias de Tijuana se unió públicamente para denunciar una presunta red de corrupción entre agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres grupos funerarios que —afirman— acaparan la liberación de cuerpos a cambio de cuotas ilegales.
La protesta no fue simbólica: frente a ataúdes funerarios en la tercera etapa del Río Tijuana, representantes del sector acusaron prácticas sistemáticas de extorsión, imposición de servicios y retrasos deliberados en los trámites para obligar a las familias en duelo a contratar con funerarias “autorizadas de facto”.
“Es una mafia. Hay agentes de la Fiscalía confabulados con tres funerarias para quedarse con todos los servicios. No solo lucran con el dolor ajeno, nos están llevando a la quiebra como sector”, denunció uno de los inconformes durante la conferencia de prensa.
EL DOLOR COMO REHÉN
Según las denuncias, agentes ministeriales condicionan la liberación de cuerpos al pago de cuotas y a la contratación forzada con los grupos funerarios Santana, Bosco y Nueva Jerusalén. De no aceptar, los familiares enfrentan trámites interminables, retrasos injustificados y obstáculos administrativos que prolongan el sufrimiento… y elevan los costos.
“Si la familia ya tiene un paquete funerario pagado, hacen el trámite eterno. Dicen que el agente no está, que ya se fue a comer, que regresen mañana. La desesperación termina venciendo a la gente”, relataron.
Las funerarias aseguran que esta práctica afecta incluso a muertes por causas naturales, que antes no requerían intervención ministerial. Ahora, dicen, los cuerpos son enviados innecesariamente al Servicio Médico Forense (Semefo), generando gastos adicionales y retrasos que benefician a terceros.
FUNERARIOS DESESPERADOS REVELAN CUOTAS Y NOMBRES DE AGENTES INVOLUCRADOS
De acuerdo con los denunciantes, las cuotas entregadas a agentes ministeriales pueden alcanzar hasta 10 mil pesos por cada cuerpo, mientras que certificados médicos de defunción “rápidos y a modo” llegan a costar alrededor de 6 mil pesos.
Los inconformes dieron nombres y apellidos de los presuntos funcionarios involucrados, señalando a la titular de la Fiscalía de Homicidios, Bertha Puente Solís, así como a los agentes Daniel Barragán Valdez, Jonathan Villalvazo, José Alberto Rafael Higuera, Karen Valeria López Cerda, Alondra Velázquez Sánchez, Roberto Gallardo Bermúdez y Pedro Ignacio Garibay Isiorda.
También acusaron al médico Francisco Ortega Pinedo, a quien atribuyen el cobro de hasta 6 mil pesos por certificaciones de defunción expedidas con rapidez y bajo condiciones irregulares.
Funerarias con más de 20 años de servicio detallaron que antes, tras la certificación médica, los cuerpos eran retirados directamente por la empresa elegida por la familia. Hoy, denuncian, existe un filtro obligatorio desde el cual se emiten cédulas y autorizaciones, concentrando el control del proceso en pocas manos.
Hospitales y clínicas —aseguran— fueron los primeros en inconformarse, al no contar con espacio para resguardar cuerpos durante días, pese a que las muertes ya están certificadas y listas para su entrega.
Los manifestantes aseguran que la Fiscalía no cuenta con infraestructura suficiente para el manejo de cuerpos y, aun así, habría delegado funciones a particulares, otorgándoles atribuciones que legalmente corresponden a la autoridad.
Por ello, exigieron la intervención inmediata de la fiscal general, una revisión a fondo del procedimiento y, sobre todo, respeto a los derechos de las familias que atraviesan uno de los momentos más dolorosos de su vida.