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domingo, mayo 26, 2024
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Avanzan acuerdos para regularización de tierra en Tijuana tras dialogo con SGG

Ana Lilia Ramírez

TIJUANA.– Como parte de un Gobierno que habla de frente a la ciudadanía, se sostuvo un diálogo directo entre el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Catalino Zavala Márquez, y las y los colonos de la Zona Este de Tijuana, en donde se construyeron acuerdos para avanzar hacia la regularización de sus tierras.

La regularización de la tierra en Tijuana, avanza con importantes resultados, mediante el trabajo del Gobierno encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda, y con apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró Zavala Márquez.

El secretario recordó que el pasado 9 de agosto de 2022, tras una reunión sostenida entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), representada por Román Meyer Falcón, y la gobernadora Marina del Pilar, se instaló la Mesa de Regularización de Tierra del Ejido Javier Rojo Gómez, donde hoy se asientan las colonias Terrazas del Valle 1, Terrazas del Valle 2, La Morita 1, La Morita 2 y Lomas del Valle.

Con la misma perspectiva y participación de autoridades se atiende la solicitud ciudadana de regularización en las colonias 3 de octubre y Maclovio Rojas, esta última asentada en el ejido Francisco Villa, explicó.

El funcionario estatal refrendó que la regularización será gratuita y que realizará antes de que termine el año 2023; entre los acuerdos se estableció:

-Regularizar a todas las familias, respetando la posesión de las personas, conforme lo establecido a la Ley en cuanto a posesión.

-En un mes se iniciará la recepción de documentos de las familias para la apertura de expedientes, para efectos de posesión.

  • El INDIVI generará un comunicado estableciendo los requisitos para la integración de los expedientes.

-Se recibió la primera lista de personas, entregada en SEDATU.

Reiteró que el Gobierno del Estado sigue avanzando a través de la coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, para garantizar el derecho a la certeza jurídica de su patrimonio, desde un enfoque social y derechohumanista a todas las familias que se han visto afectadas desde hace 30 años por esta problemática.

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