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lunes, mayo 27, 2024
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Panteón forense detenido por falta de predio

TIJUANA.- El panteón forense de Tijuana solo ha quedado en promesas y buenos decesos de los gobiernos estatal y municipal, pues aún no se cuenta con el predio para que inicie la construcción, pese a que esta ciudad fronteriza es donde se registra el mayor número de cuerpos no reclamados en el país.

El director del Servicio Médico Forense en Baja California, César Vaca, señaló que los proyectos han quedado suspendidos debido a que no se ha realizado la donación de un predio y la última alternativa del Ayuntamiento de Tijuana, fue cancelada por el secretario de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Bujanda.

“Ya no es un proyecto novedoso (como cuando lo propusimos en el 2019), ya se está haciendo en varias partes del país, por eso la urgencia de acercarnos a los municipios porque es un proyecto de panteones municipales y requerimos del apoyo de ellos, porque será un terreno municipal y que nos ayuden en administrarlos”, dijo.

Tan solo en el municipio de Tijuana en promedio mil 200 cadáveres al año tienen que ser resguardados por el Servicio Médico Forense porque no son reclamados y están en calidad de no identificados, lo que coloca en la ciudad en primer lugar del país para el almacenaje de cuerpos, sin contabilizar los cuerpos no reclamados en el resto de los 6 municipios de Baja California, le sigue la Ciudad de México en segundo lugar del país, que en promedio no son reclamados 700 cuerpos en esas ciudad en la que incluye sus delegaciones.

“El promedio en Mexicali es de 200 a 250 cuerpos no reclamados al año, aquí (en Tijuana) son de mil 200 a mil 300 al año, por lo cual se necesita un espacio mucho más grande”, dijo el titular de SEMEFO

Un problema social de antaño que esperan se solucione con la construcción de un panteón forense, pues los cuerpos no serán enterrados, sino resguardados en nichos individuales y cuando un familiar reclame los restos de su ser querido, estarán disponibles, no habrá necesidad de exhumarlos como se realiza en las fosas comunes actualmente.

“De manera generalizada, el panteón forense es un espacio individualizado, son nichos y ya no son enterrados los cadáveres, son nichos verticales en donde se van a colocar de manera vertical los cadáveres para las personas que lamentablemente no son reclamadas o no están identificadas. Esto también es para facilitar su exhumación en caso de que se requiera (…) estos cuerpos van a permanecer nada más 7 años (en el panteón forense), a los siete años ya se redujeron a hueso”, detalló Vaca.

La acumulación de cuerpos en las fosas comunes es una problemática que afecta directo a la ciudadanía, pues al momento de reclamar los cuerpos de sus seres queridos no solo es doloroso y tener que pagar un alto costo para exhumarlos.

En el 2017, Juan llegó desde la Ciudad de México para reclamar el cuerpo de su sobrino Cristian, era un joven con problemas de adicciones que vivía en situación de calle, falleció dentro de una alcantarilla en el área de la 5 y 10 de Tijuana, tres meses después de la muerte, los padres de Cristian que viven de manera ilegal en Estados Unidos y pidieron a Juan que reclamara el cuerpo de su hijo, querían darle una digna sepultura.

El cadáver de Cristian fue el tercer, de una fila de 15 cuerpos acumulados en la fosa común.

Para sacar el cuerpo de Cristian, tenían que inhumar 12 cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas, el costo por cada cuerpo inhumado era de 2 mil 500 pesos por una funeraria, el costo era de 30 mil pesos, pero llegaron a un acuerdo con una funeraria de pagar 25 mil pesos.

“Esa vez llegamos a un acuerdo de pagar 25 mil pesos, sus papás mandaron el dinero de Oregón, allá están, no podían cruzar a México” recordó Juan.

Esa problemática es común, derivado de los altos costos que representa reclamar un cuerpo, familiares optan por dejar a sus seres queridos en las fosas comunes.

Problemática que hasta el momento no tendrán solución, pues el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tijuana no han donado un predio para un panteón forense, solicitados desde el 2019 por el Poder Judicial y SEMEFO.

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